CAYHILL, Sint Maarten. – El lunes 24 de los corrientes comenzó un proceso judicial entre el Centro Médico St. Maarten (SMMC) y la Inspección de Salud Pública (IVSA) en relación con las diferencias de opinión sobre el significado de ciertas estipulaciones en la legislación (obsoleta).
Aunque los casos judiciales a menudo se consideran negativos, este caso judicial tiene el objetivo principal de proporcionar claridad y de crear una opinión imparcial sobre temas en los que SMMC y la Inspectoría tienen diferentes interpretaciones de las leyes y los objetivos de las leyes. SMMC tiene la intención de crear un entendimiento mutuo, y tener una decisión judicial debe dar a ambas partes la claridad necesaria, que parece ser esencial para la relación de trabajo del hospital y la Inspección. Este caso judicial debe establecer normas jurídicas más claras para ambas partes y proporcionar seguridad jurídica para el futuro también.
El objetivo general de todas las partes es trabajar en el mejor interés de la comunidad y proporcionar atención de calidad a la gente. La atención sanitaria de alta calidad es la ambición y crucial para el país de Sint Maarten y las personas que dependen de él. Todas y cada una de las instituciones relacionadas con la salud en Sint Maarten debe cumplir con las leyes relacionadas del país, y para mantener una relación de trabajo estable debe haber un entendimiento común de lo que las leyes representan en cuanto a procedimientos, responsabilidades y autoridades. Sin claridad cuestiones importantes serán dejadas a la interpretación individual. Sin embargo, la objetividad puede lograrse a través de decisiones formales como un fallo judicial.
El Centro Médico St. Maarten considera importante encontrar un equilibrio saludable entre la Inspección y el hospital. Cada uno tiene su propio papel dentro del sistema de salud de Sint Maarten, con la consideración de que los estándares siguen siendo apropiados y claros. Sint Maarten está en una etapa de mejora dentro de todo el sistema sanitario de la isla.
Las legislaciones y las políticas que reprimen el crecimiento sano deben ser actuadas para asegurar que el mejor interés del público se mantenga. La seguridad, la satisfacción y la salud de las personas a nuestro cuidado requieren leyes claras y una garantía de que las leyes de San Martín se cumplan correctamente. La seguridad y la confidencialidad del paciente y del empleado son esenciales. A través de este caso judicial se puede enfocar el establecimiento de líneas claras con las cuales todas las partes puedan avanzar.
